Apagar las empresas para encender el discurso político: el costo de la improvisación energética en Ecuador
Opinión:
La crisis eléctrica no comenzó con los últimos cortes ni puede explicarse únicamente por la falta de lluvias. Cuando un país conoce sus vulnerabilidades energéticas y no actúa con suficiente anticipación, la factura termina pagándola la industria, el comercio, los trabajadores y las familias ecuatorianas.
Ecuador parece condenado a repetir la misma novela energética: llegan los meses de menor disponibilidad de agua, las autoridades anuncian medidas de emergencia, las empresas reorganizan sus jornadas, los trabajadores pierden horas productivas y el país vuelve a preguntarse por qué no estuvimos preparados.
Lo más preocupante no es solamente que falte electricidad. Es que, después de tantas advertencias, todavía tengamos que discutir cómo repartir la escasez, en lugar de preguntarnos por qué no se desarrollaron oportunamente las soluciones necesarias para evitarla.
La crisis energética no apareció de la noche a la mañana. Durante el Gobierno de Guillermo Lasso ya se registraron dificultades de abastecimiento y racionamientos en 2023. El propio Operador Nacional de Electricidad, CENACE, documentó que en octubre de ese año se emitieron alertas por déficit energético y se activaron medidas de racionamiento. Es decir, las señales de alarma estaban sobre la mesa mucho antes de los apagones generalizados de 2024.
Entonces, cabe una pregunta legítima: ¿qué se hizo para que el país no volviera a encontrarse en la misma situación?
Dos años de advertencias no podían terminar en improvisación
La planificación energética exige anticipación, inversión, mantenimiento, diversificación de las fuentes de generación y proyectos capaces de responder al crecimiento de la demanda. No basta con confiar en que las lluvias llegarán a tiempo ni con esperar que los embalses hidroeléctricos resuelvan por sí solos todas las necesidades nacionales.
En septiembre de 2024, la programación macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, con base en proyecciones de CENACE, estimaba que se necesitarían alrededor de 1.080 megavatios adicionales para afrontar el período crítico, frente a una oferta de generación de 431 megavatios, sin considerar importaciones desde Colombia. La brecha estimada era de aproximadamente 650 megavatios.
La cifra era una advertencia contundente. No se trataba de una sorpresa imposible de anticipar, sino de un riesgo cuantificado por los propios organismos del Estado.
La sequía fue un factor real y extraordinario, pero la vulnerabilidad del sistema también estuvo relacionada con la insuficiencia de generación disponible, las limitaciones del parque térmico y los retrasos en proyectos previstos. La pregunta no es si podemos controlar el clima, sino si estamos preparados para enfrentar sus consecuencias.
Un país serio no puede planificar su futuro económico suponiendo que siempre habrá agua suficiente, que las centrales funcionarán sin interrupciones o que un contrato de emergencia aparecerá justo cuando más se lo necesita.
La factura de los apagones la paga la matriz productiva
Las consecuencias económicas ya tienen cifras oficiales. Según el Banco Central del Ecuador, las interrupciones eléctricas asociadas al estiaje de 2024 ocasionaron pérdidas estimadas en USD 1.916 millones, equivalentes a un impacto de aproximadamente 1,4 puntos porcentuales del PIB.
Entre los sectores más afectados estuvieron el comercio, con pérdidas estimadas en USD 763 millones; la manufactura, con USD 380 millones; y los servicios, con USD 374 millones.
Estas cifras no son simples estadísticas. Detrás de ellas hay productos que no se fabricaron, alimentos que debieron conservarse con mayores costos, pedidos que no se entregaron, ventas que no se concretaron y empresas que tuvieron que gastar recursos adicionales en generadores, combustible y reorganización de sus operaciones.
También hay trabajadores que ven reducidas sus jornadas, pequeños negocios que no pueden sostener sus gastos fijos y empresarios que deben decidir entre asumir pérdidas o trasladar parte de los costos al consumidor.
Cada hora sin electricidad representa mucho más que una instalación apagada. Puede significar una cadena de producción interrumpida, una entrega incumplida, una materia prima desperdiciada o una oportunidad comercial perdida.
Por eso resulta contradictorio hablar de reactivación económica, competitividad y generación de empleo mientras se adoptan medidas que restringen la capacidad de producir de quienes sostienen buena parte de la economía nacional.
¿Por qué desconectar a quienes producen?
Cuando la oferta eléctrica es insuficiente, el Estado debe administrar una emergencia. Pero administrar una emergencia no puede convertirse en sinónimo de improvisar, comunicar tarde o trasladar desproporcionadamente el costo a determinados sectores.
Las restricciones al suministro industrial pueden responder a necesidades técnicas reales del sistema. Sin embargo, cuando se establecen con poca anticipación, sin información transparente y sin mecanismos adecuados de coordinación con las empresas, terminan profundizando el daño económico.
Las industrias necesitan planificar turnos, contratar personal, mantener equipos, cumplir pedidos y garantizar la calidad de sus productos. No pueden reorganizar toda su operación de un momento a otro sin asumir costos.
¿Quién responde por esos costos? ¿Quién compensa las pérdidas de productividad? ¿Quién explica a los trabajadores que una empresa podría reducir turnos porque no dispone de la energía que necesita para operar?
No es razonable exigir al sector privado que invierta, produzca, exporte, pague impuestos y genere empleo, para después dejarlo a merced de decisiones energéticas que no puede anticipar.
La energía no es un lujo para la industria: es un insumo esencial para su funcionamiento. Desconectar empresas puede aliviar temporalmente la presión sobre el sistema, pero no constituye una solución estructural al déficit de generación.
La sospecha electoral y la responsabilidad política
En un escenario político marcado por la búsqueda de respaldo ciudadano, las decisiones sobre el suministro eléctrico deben manejarse con especial transparencia. Es legítimo cuestionar si las medidas adoptadas responden a criterios técnicos, si distribuyen equitativamente los sacrificios y si existe una estrategia de largo plazo detrás de cada anuncio.
También es legítimo advertir sobre el peligro de privilegiar el alivio inmediato de determinados sectores de votantes, mientras se trasladan los costos a las empresas y a sus trabajadores.
Pero una sospecha política no debe confundirse con un hecho demostrado. Para afirmar que los cortes se diseñan deliberadamente con fines electorales se requieren pruebas sobre las decisiones, sus motivaciones y sus responsables.
Lo que sí puede exigirse, sin necesidad de especular sobre intenciones, es que el Gobierno explique con datos verificables por qué se priorizan determinados consumos, qué criterios técnicos utiliza para distribuir los cortes y qué medidas concretas ha ejecutado para aumentar la generación disponible.
La política energética no puede convertirse en una estrategia de comunicación en la que se protege la imagen del gobernante mientras la economía real absorbe las consecuencias.
La responsabilidad pública no se mide por la capacidad de anunciar que se ha evitado un apagón residencial durante algunos días, sino por la capacidad de garantizar un suministro confiable y sostenible para hogares, hospitales, comercios e industrias.
Progen: cuando la emergencia exige más transparencia
La contratación de generación eléctrica durante la crisis de 2024 también debe formar parte de esta discusión. Los contratos con Progen para proyectos en Quevedo y Salitral fueron objeto de investigaciones y actuaciones de control, según información difundida por la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional.
El problema de fondo no consiste únicamente en determinar qué ocurrió con contratos específicos. Consiste en comprender por qué un país con advertencias previas de déficit terminó dependiendo de soluciones de emergencia cuya ejecución y resultados generaron controversia.
Las contrataciones urgentes pueden ser necesarias en determinadas circunstancias, pero la urgencia nunca debe servir como excusa para debilitar la transparencia, omitir controles o comprometer recursos públicos sin resultados verificables.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se contrató, qué potencia efectiva se incorporó al sistema, en qué fechas debía estar disponible, qué se recibió realmente y qué responsabilidades se determinaron en los procesos de fiscalización.
Si los proyectos no cumplieron los plazos o las condiciones previstas, deben establecerse las responsabilidades que correspondan mediante procedimientos legales y técnicos. Si se cometieron irregularidades, deben sancionarse. Y si las soluciones contratadas no aportaron la energía esperada, el país necesita saber cómo se cubrirá esa brecha.
No podemos seguir financiando la improvisación con recursos públicos y luego pedirle a la economía que soporte sus consecuencias.
La salida no está en repartir la oscuridad
Ecuador necesita una política energética que trascienda a los gobiernos de turno. Esto implica recuperar y mantener la generación existente, ejecutar proyectos con cronogramas verificables, diversificar la matriz energética, mejorar la transmisión y distribución, facilitar inversiones responsables y fortalecer la planificación con escenarios de demanda y sequía.
También requiere mecanismos de coordinación permanentes con los sectores productivos, reglas transparentes para eventuales racionamientos y planes de contingencia que permitan a las empresas anticipar sus operaciones.
La inversión privada puede contribuir a la solución, pero necesita seguridad jurídica, reglas claras y condiciones técnicas y económicas viables. Del mismo modo, el Estado debe cumplir su función de planificación, regulación y garantía de un servicio eléctrico confiable.
No se trata de negar la gravedad de una sequía ni de desconocer las dificultades técnicas de operar un sistema interconectado. Se trata de exigir que esas dificultades se enfrenten con preparación, transparencia y responsabilidad.
Porque cuando falla la planificación, no se apaga solamente una fábrica: se debilita la confianza para invertir, se encarece producir en Ecuador y se pone en riesgo el empleo.
Una pregunta que el país no puede seguir postergando
Desde las primeras alertas de déficit registradas en 2023 hasta las pérdidas millonarias documentadas en 2024, la crisis eléctrica dejó una lección demasiado costosa: esperar a que falte la energía para buscar soluciones no es gobernar con previsión.
Los ciudadanos merecen explicaciones. Las empresas merecen reglas claras. Los trabajadores merecen estabilidad. Y el país merece una infraestructura energética a la altura de sus aspiraciones de desarrollo.
Si los cortes se convierten en una herramienta recurrente para administrar políticamente la escasez, la economía seguirá pagando el precio de decisiones que debieron anticiparse. Si, por el contrario, se asume la crisis como una responsabilidad de Estado, todavía será posible corregir el rumbo.
La energía que hoy falta es también la producción que no se genera, el empleo que se pone en riesgo y la inversión que mañana podría buscar otro destino.
Un país no se desarrolla apagando a quienes producen. Se desarrolla planificando, invirtiendo y garantizando las condiciones para que su gente pueda trabajar. Ecuador no necesita otra temporada de excusas: necesita resultados verificables.
