SOT revela graves irregularidades en el catastro de Loja: Municipio incumplió 121 de 133 parámetros técnicos
Más de 20 mil dólares es la sanción que se le impuso al GAD Municipal
El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias, en entrevista para Mundovisión confirmó que el Municipio de Loja registra el mayor nivel de incumplimiento catastral entre los gobiernos municipales examinados por la entidad. La sanción supera los 20 mil dólares y se dispuso un plazo de 15 meses para corregir las deficiencias. La falta de actualización podría afectar el cobro de impuestos prediales, la seguridad jurídica y la planificación territorial. El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Loja enfrenta serias observaciones por el incumplimiento de la normativa nacional de gestión catastral. Una investigación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) determinó que la institución no cumple 121 de los 133 parámetros técnicos evaluados, lo que representa un 90,98 % de incumplimiento, el porcentaje más alto registrado entre los municipios sometidos a este proceso de control.
Así lo confirmó Pablo Iglesias Paladines, superintendente de Ordenamiento Territorial, durante una entrevista concedida a Ecotel TV, en la que explicó los resultados del procedimiento administrativo que derivó en una sanción económica de 20.051 dólares y en la obligación de ejecutar una actualización integral del catastro municipal.
Loja registra el mayor incumplimiento
El funcionario señaló que la investigación forma parte de un proceso nacional iniciado hace aproximadamente dos años para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la actualización y administración de los catastros municipales. Entre los gobiernos autónomos descentralizados examinados constan Quito, Guayaquil, Cuenca, Sevilla de Oro, Cevallos y Loja. Sin embargo, este último presentó las mayores deficiencias. "De todos los gobiernos autónomos descentralizados en los que hemos emprendido acciones de investigación sobre catastro, el Municipio de Loja es el que menos ha cumplido la normativa nacional", manifestó Iglesias. Según explicó, las irregularidades comprenden la falta de actualización de los componentes técnicos, económicos y jurídicos del catastro, deficiencias en los procedimientos de valoración de los inmuebles, ausencia de información geográfica adecuada e incumplimiento de las obligaciones de remitir los registros actualizados a las entidades nacionales competentes. A ello se suma que el sistema de información catastral no se encuentra implementado integralmente, situación que, de acuerdo con el superintendente, fue comprobada mediante documentación proporcionada por el propio Municipio e inspecciones realizadas durante el proceso de control.
Municipio pudo evitar la multa
Uno de los aspectos que destacó el titular de la SOT fue que el Municipio de Loja tuvo la posibilidad de acogerse a un procedimiento de remediación antes de que se impusiera la sanción económica. Este mecanismo, contemplado en la normativa vigente, permite a los gobiernos municipales reconocer los incumplimientos detectados y comprometerse a corregirlos dentro de un plazo de hasta 12 meses. Sin embargo, Iglesias aseguró que la administración municipal no utilizó esta alternativa y optó por continuar con las siguientes etapas del procedimiento administrativo sancionador.
"Cuando el gobierno autónomo descentralizado usa el derecho a la remediación establecido en la ley, podría incluso evitar la sanción de los 20 mil dólares", explicó. El superintendente precisó que las acciones de control no fueron sorpresivas, pues aproximadamente dos años atrás la institución había comunicado a los municipios sobre sus obligaciones catastrales y las verificaciones que se desarrollarían. Asimismo, aclaró que la responsabilidad de mantener actualizada esta información corresponde a la institución municipal, independientemente de las administraciones que hayan estado al frente de ella.
Posibles perjuicios económicos y tributarios
Las consecuencias de mantener información catastral desactualizada no se limitan al incumplimiento administrativo. Según Iglesias, también pueden ocasionar pérdidas económicas para los municipios y afectar directamente a los contribuyentes. El catastro constituye la base para determinar las características, ubicación, superficie y valoración de los inmuebles, información utilizada para calcular los impuestos prediales que los ciudadanos pagan anualmente. Cuando estos registros presentan errores, existe el riesgo de que propiedades con características similares reciban valoraciones diferentes o de que determinados predios no consten en las bases municipales. El superintendente advirtió que estas deficiencias pueden traducirse en cobros que no correspondan a la realidad de los inmuebles, además de limitar la capacidad de recaudación del gobierno local. En el caso de Loja, hizo referencia a estudios externos que estiman un posible impacto económico de entre 9 y 10 millones de dólares anuales relacionado con la falta de actualización catastral. No obstante, aclaró que estas cifras no provienen de una investigación elaborada por la SOT, sino de estudios que la institución considera técnicamente referenciales. Por tanto, no constituyen una pérdida económica comprobada dentro del procedimiento sancionador.
Deficiencias comprometen la planificación urbana
Otro de los aspectos que genera preocupación es la falta de información confiable para planificar el crecimiento de la ciudad y garantizar seguridad jurídica a los propietarios. Iglesias explicó que una gestión catastral adecuada permite identificar los predios existentes, sus características, propietarios y ubicación geográfica, información indispensable para organizar el desarrollo urbano, proyectar infraestructura y facilitar inversiones. Entre los problemas que pueden presentarse cuando los registros no están correctamente sistematizados mencionó la existencia de inmuebles sin propietarios identificados o registros de propietarios que no cuentan con predios correctamente asociados.
Estas situaciones, según el funcionario, pueden generar dificultades en los trámites municipales, en los procesos de construcción y en la determinación de obligaciones tributarias. "La seguridad jurídica es lo que se busca tras una correcta aplicación de la gestión catastral", sostuvo. En ese sentido, recalcó que la actualización del catastro no debe considerarse únicamente un gasto administrativo, sino una inversión que permite mejorar la recaudación, fortalecer la planificación territorial y garantizar mayor precisión en la información sobre los bienes inmuebles.
Quince meses para corregir las irregularidades
Además de la sanción económica, la Superintendencia dispuso como medida de reparación que el Municipio de Loja ejecute la actualización catastral correspondiente en un plazo de 15 meses. Durante ese período, la entidad de control realizará un seguimiento trimestral para verificar los avances y el cumplimiento de las disposiciones establecidas. Iglesias indicó que este tiempo permitirá al gobierno municipal organizar los procesos administrativos, técnicos y presupuestarios necesarios para subsanar las deficiencias identificadas. Finalmente, insistió en que el procedimiento desarrollado por la SOT responde exclusivamente a criterios técnicos y legales, descartando cualquier motivación política. La resolución deja al Municipio de Loja frente a la obligación de corregir las irregularidades detectadas en una de las áreas fundamentales de su administración.
