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Política (I)

Renovación del CNE se retrasa hasta 2027 y genera cuestionamientos sobre la independencia electoral

El analista político Alfredo Espinosa cuestiona la prolongada permanencia de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y advierte que el reemplazo de dos consejeros no será suficiente para recuperar la confianza ciudadana.

Las autoridades electorales continúan en funciones mientras avanza el concurso de renovación parcial.
Las autoridades electorales continúan en funciones mientras avanza el concurso de renovación parcial.

Una renovación pendiente desde 2021 La Constitución establece que el CNE está integrado por cinco consejeros principales, designados para períodos de seis años, con una renovación parcial cada tres años. En la primera ocasión deben reemplazarse dos consejeros y en la siguiente, tres, junto con sus respectivos suplentes.

Las autoridades designadas en noviembre de 2018 debían atravesar su primera renovación parcial en 2021. Sin embargo, el procedimiento no se concretó y, posteriormente, también concluyó el período de seis años de los consejeros sin que se completaran los reemplazos correspondientes.

Espinosa explicó que, ante esta situación, se solicitó un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la continuidad de las autoridades. El criterio jurídico permitió que los consejeros permanecieran en funciones para evitar que el organismo electoral quedara sin autoridades.

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No obstante, el analista considera que esta prórroga, aunque sustentada en un pronunciamiento jurídico, ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad institucional. A su criterio, los retrasos no pueden atribuirse únicamente a dificultades administrativas. También cuestionó la actuación del CPCCS, encargado de conducir los concursos de designación, y la falta de fiscalización de la Asamblea Nacional.

Alfredo Espinosa, analista político, cuestiona los retrasos y la prolongación de funciones de las autoridades electorales.
Alfredo Espinosa, analista político, cuestiona los retrasos y la prolongación de funciones de las autoridades electorales.

Espinosa sostuvo que existe una falta de voluntad política para concretar los cambios y señaló que la renovación de otras instituciones, como el Tribunal Contencioso Electoral, también ha enfrentado dificultades.

¿Cómo serán reemplazados los consejeros?

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El concurso en desarrollo contempla la designación de dos consejeros principales y dos suplentes, por lo que no implica la sustitución inmediata de los cinco integrantes del CNE.

La renovación parcial del CNE contempla el reemplazo de dos consejeros principales y dos suplentes.
La renovación parcial del CNE contempla el reemplazo de dos consejeros principales y dos suplentes.

La selección está a cargo del CPCCS, mediante una Comisión Ciudadana de Selección. Los aspirantes deben acreditar sus méritos académicos y profesionales, rendir evaluaciones y superar las etapas de revisión e impugnación ciudadana previstas en el procedimiento.

Espinosa explicó que el proceso contempla la valoración de las hojas de vida, la formación académica y la experiencia profesional de los participantes. Posteriormente, se desarrollan las evaluaciones de conocimientos y las etapas correspondientes para establecer las calificaciones finales.

Una vez completado el procedimiento, corresponderá aplicar las disposiciones de renovación parcial para determinar los reemplazos entre las autoridades actuales.

Un exdirector electoral de Loja estaría entre los postulantes

Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue la posible participación de profesionales de la provincia de Loja en el concurso nacional. Espinosa mencionó a Daniel González, exdirector de la Delegación Provincial Electoral de Loja, como uno de los profesionales que, según su información, estaría participando en el proceso de selección.

El analista señaló que González cuenta con experiencia en materia electoral y que habría desempeñado funciones de asesoría en otras instituciones públicas. También mencionó vínculos profesionales anteriores con una exautoridad nacional, aunque aclaró que estos antecedentes no constituyen, por sí mismos, un impedimento legal para participar.

Su observación estuvo dirigida a la importancia de que los aspirantes acrediten independencia frente a los sectores políticos y las autoridades electorales.

Presuntos vínculos políticos generan reparos

Otro de los cuestionamientos planteados por Espinosa se relaciona con la presencia de personas que habrían mantenido vínculos laborales o profesionales con las actuales autoridades electorales.

Según el analista, entre los postulantes figuran exfuncionarios del CNE, asesores y personas cercanas a algunos consejeros. Mencionó, entre otros, a Diego Barrera y Gastón Ríos Morante, cuyas trayectorias y relaciones profesionales, a su criterio, deberían ser examinadas durante el concurso.

Sin embargo, aclaró que haber trabajado anteriormente con una autoridad no constituye necesariamente una prohibición legal. Su preocupación radica en que estos antecedentes puedan generar dudas sobre la independencia de quienes eventualmente lleguen al organismo.

También hizo referencia a cuestionamientos relacionados con la selección de académicos encargados de elaborar las pruebas y a presuntas irregularidades en el manejo de preguntas de evaluación.

El CPCCS informó oficialmente este 23 de octubre que siete especialistas seleccionados mediante sorteo prepararán las evaluaciones y que se contará con un equipo externo de seguridad informática para garantizar la confidencialidad del procedimiento. Asimismo, precisó que son 161 los postulantes convocados al examen escrito, según su último boletín.

La confianza ciudadana, una de las mayores preocupaciones

Para Espinosa, el problema de fondo no se limita a los retrasos del concurso, sino a la pérdida de credibilidad de las instituciones encargadas de administrar los procesos electorales.

La transparencia y la independencia política de los futuros consejeros generan interrogantes.
La transparencia y la independencia política de los futuros consejeros generan interrogantes.

Durante la entrevista sostuvo que, según una medición regional que citó, el CNE registraría apenas un 20 % de confianza ciudadana y ocuparía uno de los últimos lugares entre los organismos electorales evaluados.

A su juicio, la prolongación de funciones de los consejeros ha contribuido a incrementar los cuestionamientos y las sospechas sobre la independencia institucional, aunque aclaró que ello no significa afirmar que necesariamente se produzca un fraude electoral.

Espinosa considera que la renovación de autoridades es indispensable, pero advierte que el reemplazo de dos consejeros no resolverá por sí solo los problemas del organismo.

En ese contexto, cuestionó los mecanismos utilizados para designar autoridades provinciales y sostuvo que deberían fortalecerse los criterios de mérito, experiencia profesional y transparencia en la selección de integrantes de las juntas provinciales electorales y directores de las delegaciones.

«Usted puede cambiar de consejero, pero si no cambia la arquitectura del diseño electoral, lo único que va a tener es un cambio de rostros, pero no de prácticas», expresó.

Elecciones de noviembre se realizarán con autoridades prorrogadas

El próximo 29 de noviembre, Ecuador acudirá a las urnas para elegir autoridades seccionales. Para entonces, el concurso de renovación parcial del CNE todavía estará en desarrollo, por lo que las actuales autoridades continuarán encargadas de la organización electoral.

Advirtió, que la principal consecuencia es de carácter institucional, debido a las dudas que pueden surgir sobre la credibilidad del organismo responsable de garantizar las elecciones.

El analista insistió en que la renovación periódica de autoridades constituye un principio democrático que debe respetarse dentro de las propias instituciones electorales.

Finalmente, planteó la necesidad de revisar la legislación y los mecanismos de designación para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Mientras tanto, el concurso continuará con sus evaluaciones en noviembre, la etapa de impugnación ciudadana en diciembre y la designación de los nuevos consejeros prevista para enero de 2027. El cumplimiento de este cronograma será determinante para concretar una renovación que acumula más de cinco años de retraso.

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