Cinco de cada diez personas LGBTIQ+ han sufrido violencia o discriminación en Ecuador; Loja enfrenta sus propias dificultades
La primera Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ revela importantes desigualdades relacionadas con la violencia, el empleo, la educación y la salud.
Por primera vez, Ecuador dispone de información estadística oficial sobre las condiciones de vida de la población LGBTIQ+. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ 2025 revelan que cinco de cada diez personas encuestadas han sufrido violencia o discriminación a lo largo de su vida, una realidad que también genera preocupación en la provincia de Loja, donde representantes de esta población advierten que todavía existen importantes dificultades para acceder al empleo, la educación y la protección frente a situaciones de violencia.
La investigación, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Subsecretaría de Diversidades del Ministerio de Gobierno, con asesoría técnica del programa Prevenir la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer), de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ en Ecuador, constituye un primer instrumento estadístico oficial de alcance nacional para identificar las desigualdades que afectan a esta población.
En entrevistas concedidas a Ecotel, Lucy Villegas, representante del colectivo Status Queer en el área deportiva, y Franchesca Jara, dirigente de la comunidad LGBTIQ+ en Loja, analizaron los resultados de la investigación y las dificultades que persisten tanto a escala nacional como provincial.
La violencia comienza, en muchos casos, dentro del hogar
Uno de los resultados más preocupantes de la encuesta está relacionado con el entorno familiar. Cerca de siete de cada diez personas que experimentaron violencia o discriminación señalaron que estas situaciones ocurrieron principalmente dentro de sus familias.
Asimismo, una de cada cinco personas encuestadas manifestó haber sufrido discriminación durante el último año. Entre las principales formas de violencia identificadas constan las agresiones psicológicas y aquellas motivadas por prejuicios relacionados con la orientación sexual o identidad de género.
La investigación también evidencia consecuencias en la salud emocional. Una de cada tres personas que experimentaron violencia reportó haber pensado en el suicidio después de estos episodios.
Lucy Villegas explicó que estas cifras permiten comprender que la discriminación no afecta a personas ajenas a la sociedad, sino a ciudadanos que forman parte de las familias, instituciones educativas, lugares de trabajo y comunidades del país.
Por su parte, Franchesca Jara señaló que esta situación también se presenta en Loja, donde algunas personas, especialmente mujeres trans, enfrentan el rechazo de sus familiares debido a su identidad de género.
La dirigente, quien se identifica como una mujer transfemenina, reconoció que personalmente ha contado con el respaldo de su familia, pero aseguró que no todas sus compañeras han tenido la misma experiencia.
Según explicó, existen casos de jóvenes trans que han tenido que abandonar sus hogares y trasladarse a otras ciudades en busca de un entorno donde puedan desarrollar su vida con mayor seguridad.
Loja: discriminación y falta de oportunidades laborales
Otro de los aspectos identificados en la investigación nacional es la desigualdad en el acceso al empleo. Aunque alrededor del 50 % de las personas LGBTIQ+ encuestadas cuenta con estudios superiores, las personas trans continúan enfrentando mayores dificultades para acceder a oportunidades educativas y laborales.
Los resultados también señalan que aproximadamente una de cada diez personas encuestadas ha realizado trabajo sexual por necesidad económica o falta de alternativas de empleo.
En Loja, Franchesca Jara considera que la inserción laboral de las personas trans continúa siendo una de las principales necesidades pendientes. Explicó que, aunque existen personas LGBTIQ+ que trabajan en instituciones públicas y privadas, todavía es poco frecuente encontrar personas trans visibles desempeñando funciones administrativas o de atención al público.
Durante la entrevista recordó una conversación mantenida con la alcaldesa de Loja, quien le manifestó que dentro de la institución municipal trabajan personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, Jara considera necesario avanzar hacia oportunidades laborales que incluyan de manera efectiva a las personas trans, quienes enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.
La dirigente también compartió su experiencia personal. Señaló que permanece desempleada desde noviembre de 2025, después de haber trabajado para una organización no gubernamental que enfrentó dificultades presupuestarias. Aseguró que conseguir una nueva oportunidad laboral resulta particularmente complicado para las mujeres trans mayores de 50 años.
En este contexto, mencionó que se encuentra en discusión legislativa una propuesta relacionada con la inserción laboral de personas trans, iniciativa que considera importante para ampliar las oportunidades de empleo formal.
La situación es más compleja en los cantones rurales
La discriminación no se limita a la ciudad de Loja. De acuerdo con Franchesca Jara, las personas LGBTIQ+ que viven en parroquias rurales y cantones pequeños enfrentan dificultades adicionales relacionadas con los prejuicios sociales, el rechazo familiar y las limitadas oportunidades de trabajo. La dirigente manifestó que ha recibido solicitudes de personas de cantones como Macará y Catamayo, interesadas en que se desarrollen charlas informativas sobre derechos y mecanismos de protección.
Explicó que durante la pandemia conocieron testimonios de personas que sufrieron situaciones de violencia dentro de sus propios hogares. También señaló que algunas personas han tenido que trasladarse desde comunidades rurales hacia la ciudad de Loja después de enfrentar rechazo familiar, encontrándose con nuevas dificultades para conseguir empleo y alojamiento.
Esta situación pone en evidencia una de las principales preocupaciones de la organización: la ciudad de Loja todavía no cuenta con una casa de acogida específica para personas LGBTIQ+ que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, según manifestó Jara.
La dirigente explicó que se han realizado gestiones para impulsar un espacio de estas características, pero la iniciativa todavía no se ha concretado debido a dificultades administrativas y de gestión.
¿Qué instituciones brindan atención en Loja?
Pese a las dificultades señaladas, Franchesca Jara destacó que en Loja también se han conseguido avances mediante el trabajo conjunto entre organizaciones sociales e instituciones públicas.
Explicó que participa como representante de la comunidad LGBTIQ+ en un espacio cantonal relacionado con la prevención de la violencia de género, desde el cual promueven el cumplimiento de los derechos reconocidos en la legislación ecuatoriana. Entre las instituciones que, según su experiencia, han brindado acompañamiento mencionó a la Defensoría del Pueblo y a la Subsecretaría de Diversidades.
En el ámbito educativo, destacó el trabajo desarrollado con la Universidad Nacional de Loja, institución con la que, según indicó, se han impulsado acciones para promover el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ y atender situaciones de discriminación.
Jara también se refirió a la atención sanitaria y señaló que existe un servicio de referencia para esta población en el Centro de Salud N.º 1 de Loja. De acuerdo con su testimonio, el consultorio 8 de este establecimiento brinda atención a personas LGBTIQ+ y sus familias, con facilidades de acceso que permiten evitar algunas de las dificultades habituales para obtener una cita médica.
La dirigente valoró este servicio como uno de los avances alcanzados mediante el trabajo de las organizaciones sociales y la coordinación con el Ministerio de Salud Pública. No obstante, insistió en que todavía es necesario fortalecer los mecanismos de protección y ampliar las oportunidades de atención para quienes residen fuera de la cabecera cantonal.
La dirigente recordó que en noviembre de 2026 se cumplirán 29 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, ocurrida en 1997, un acontecimiento importante en el reconocimiento de derechos.
Una encuesta que debe servir para tomar decisiones
La investigación nacional contó con asesoría técnica de PreViMujer, programa de la Cooperación Alemana implementado por la GIZ, cuyo acompañamiento contribuyó al fortalecimiento de la metodología y a la incorporación de enfoques relacionados con las diversidades sexogenéricas.
La representante de Status Queer sostuvo que los datos no deberían utilizarse para generar divisiones, sino para reconocer las necesidades de una población que requiere mejores oportunidades de estudio, empleo y acceso a servicios.
En el caso de Loja, Franchesca Jara coincidió en la necesidad de impulsar políticas públicas que respondan a las dificultades identificadas, particularmente en materia de inserción laboral, protección frente a la violencia y atención a personas que han sido rechazadas por sus familias.
La primera encuesta nacional representa un avance en la disponibilidad de información sobre la población LGBTIQ+ en Ecuador. En Loja, los testimonios recogidos muestran que, junto con los esfuerzos institucionales existentes, todavía hay necesidades pendientes, especialmente en el acceso al empleo y la protección de quienes enfrentan violencia o rechazo familiar.
