La república del micrófono
La propuesta de separar Guayaquil del Ecuador desconoce la historia, la interdependencia económica y la Constitución, que prohíbe la secesión y garantiza la autonomía regional.
En pleno octubre, con las banderas celeste y blanco todavía colgadas de los balcones, el propietario de radio Sucre, Vicente Arroba Ditto, propuso desde su cabina separar a Guayaquil del Ecuador y proclamarla república. Sus razones, según el video que circula en redes, son dos, que al puerto de nada le sirve seguir unido al “país andino” y que Guayaquil jamás ha recibido plata del petróleo.
Empecemos por la historia, la Provincia Libre de 1820 no se quedó encerrada en sus esteros, armó una división y la mandó a la Sierra a pelear por la libertad de Quito y Cuenca; Olmedo pensaba en un país, no en un cantón con himno propio. Diez años después, en Riobamba, los diputados guayaquileños firmaron con los de la Sierra la primera Constitución del Ecuador, y el propio Olmedo fue elegido vicepresidente de la república. Quien hoy reivindica el 9 de Octubre para justificar la separación olvida que sus próceres usaron la independencia para unirse a los demás.
Sobre el petróleo, conviene recordar algunos datos, el crudo se extrae en la Amazonía, cruza la cordillera por el oleoducto y se embarca en Esmeraldas; es cierto que no pasa por el Guayas, pero sus ingresos sí llegan. Durante medio siglo, el Presupuesto General del Estado ha financiado con ellos hospitales, universidades, carreteras, policías, jueces y maestros en todo el país, Guayaquil incluida. Además, la Constitución establece que los recursos naturales no renovables son patrimonio del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos, y obliga a transferir cada año una parte de los ingresos del Estado central, de forma directa y automática, a municipios y prefecturas, incluidos los del Guayas. A eso hay que sumar décadas de combustibles subsidiados, que se consumen más donde circulan más vehículos. Y en 1999, cuando quebraron los bancos, varios de ellos con matriz en el puerto, el salvataje no lo pagó solo la ciudad, lo pagó el país entero, incluida la Sierra.
Si alguna provincia tendría motivos para ese reclamo, serían Sucumbíos y Orellana, que aportan el crudo, soportan los derrames y siguen entre las más pobres del país. Sin embargo, ninguna de ellas ha pedido su independencia.Tampoco resiste el argumento económico. Por los muelles de Guayaquil entra buena parte de lo que consume el resto del país y sale buena parte de lo que produce. La industria guayaquileña tiene en la Sierra a uno de sus principales compradores. Una República de Guayaquil tendría que levantar aduanas frente a sus propios clientes, que pasarían a pagar aranceles para comprarle. Es difícil imaginar un peor negocio para el propio puerto.
Nada de lo anterior niega que el centralismo existe, en Loja lo conocemos bien, y no solo el de Quito, también el de Guayaquil, que en su momento ha decidido por otras provincias. En 1859, cuando el país se fragmentaba, Loja se declaró gobierno federal, pero no para separarse, sino para mantenerse organizada mientras se recomponía el Estado. Ese es el camino legítimo para el reclamo regional, exigir competencias, recursos y autonomía dentro del marco que ofrece la Constitución. Y la Constitución es clara, el artículo 4 declara que el territorio es “inalienable, irreductible e inviolable” y que “nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión”; su artículo 238 reconoce amplia autonomía a los gobiernos locales, pero aclara que “en ningún caso” esa autonomía permitirá la secesión.El debate sobre la descentralización es necesario, y Guayaquil tiene mucho que aportar en él, pero con cifras verificables y dentro de la Constitución, no desde una cabina de radio pidiendo la separación. (O)
