Desalojo frustrado ¿Por qué en la clandestinidad y de madrugada?
Afectados cuestionan operativo en Jardines de Punzara que no se concretó por falta de orden de desalojo
La presencia de personal municipal y maquinaria pesada durante la madrugada de este lunes 12 de octubre provocó preocupación entre integrantes de la Cooperativa de Interés Social Fundadores de Nambija, quienes denuncian un intento de desalojo sin orden de autoridad competente en conflicto por la propiedad de los terrenos
Una nueva controversia se registra en torno a los terrenos del proyecto habitacional Jardines de Punzara, al sur de la ciudad de Loja. Aproximadamente a las 04h30 de este lunes 12 de octubre de 2026, personal del Municipio de Loja, acompañado de funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Vivienda (VIVEM) y maquinaria pesada, llegó al lugar donde permanecen asentadas varias familias. La intervención generó cuestionamientos por parte de quienes aseguran tener derechos sobre estos predios y denuncian que se pretendía derrocar sus viviendas sin una orden judicial.
Mauro Montaño, presidente de la Cooperativa de Interés Social Fundadores de Nambija, explicó que el domingo recibió información sobre una posible intervención municipal, por lo que varios integrantes de la organización permanecieron atentos durante la madrugada.
Según su testimonio, al sitio llegaron agentes municipales, representantes de VIVEM, funcionarios de la Comisaría de Ornato y una retroexcavadora que fue trasladada en una plataforma. La presencia de este contingente generó preocupación entre las familias que habitan en el sector. Montaño aseguró que solicitó la presencia de la Policía Nacional para precautelar la integridad de las personas y sus pertenencias. De acuerdo con su versión, cuando los uniformados preguntaron por la documentación que autorizaba el procedimiento, los funcionarios municipales no presentaron una orden judicial de desalojo. El dirigente sostuvo que, tras la intervención policial, no se concretó el retiro de las familias ni el derrocamiento de las construcciones.
Familias denuncian afectaciones
El representante de la cooperativa manifestó que actualmente existen dos construcciones en el lugar, donde permanecen varias familias, entre ellas menores de edad. Aseguró que las condiciones de habitabilidad son precarias, debido a la falta de servicios básicos, y que la intervención de este lunes alteró sus actividades cotidianas. Incluso señaló que uno de los menores no pudo asistir a clases debido a lo ocurrido durante la madrugada. Montaño indicó que representa a más de 300 integrantes de la organización, de un total de 546 socios que, según sus declaraciones, mantienen reclamos sobre estos terrenos. Asimismo, cuestionó las actuaciones municipales y pidió que se investigue el destino de los recursos económicos relacionados con el proyecto habitacional. Afirmó que los socios permanecerán vigilantes ante la posibilidad de nuevas intervenciones.
Abogado cuestiona legalidad del procedimiento
Paúl Luzuriaga, abogado defensor de los integrantes de la Cooperativa Fundadores de Nambija, cuestionó que se haya intentado intervenir en los terrenos sin presentar, según su versión, una disposición de autoridad competente. El profesional sostuvo que un procedimiento de desalojo debe contar con el respaldo legal correspondiente y garantizar el derecho a la defensa de las personas involucradas. A su criterio, la actuación municipal podría comprometer derechos como la seguridad jurídica y el debido proceso. Sin embargo, la legalidad de la intervención deberá determinarse a partir de las competencias municipales, la naturaleza del procedimiento y la documentación que lo sustente. Luzuriaga explicó que los terrenos mantienen dos controversias judiciales principales. La primera corresponde a una demanda civil de nulidad de escritura pública relacionada con un contrato de compraventa por aproximadamente 4 millones 360 mil dólares. Según indicó, este proceso se encuentra actualmente en una controversia de competencia judicial, por lo que está pendiente determinar qué autoridad debe continuar con su conocimiento. El segundo caso corresponde a una investigación penal por presunto peculado que, de acuerdo con el abogado, se tramita en la Fiscalía de El Oro. El defensor señaló que sus representados mantienen posesión sobre los terrenos desde 1999, aunque reconoció que posteriormente se han registrado conflictos e intervenciones. También afirmó que cuentan con documentos de adjudicación y otros respaldos inscritos en el Registro de la Propiedad. Respecto a lo ocurrido este lunes, manifestó que analizan la presentación de nuevas acciones legales para impedir procedimientos que consideren contrarios a derecho.
Concejales desconocían el operativo
Las actuaciones municipales también generaron pronunciamientos desde el Concejo Cantonal de Loja. El concejal Adalber Gaona, delegado del Cabildo ante VIVEM, manifestó que recibió información sobre una posible intervención durante la madrugada, pero aclaró que no participó en su planificación ni conocía los detalles del procedimiento.
Explicó que estas decisiones corresponden al Ejecutivo municipal y que, durante una reciente sesión de Cabildo, había expuesto la preocupación de los beneficiarios del proyecto habitacional por la falta de avances. Según Gaona, la alcaldesa Diana Guayanay manifestó entonces su intención de asumir acciones para atender esta problemática. No obstante, el edil reconoció que cualquier procedimiento debe desarrollarse dentro del marco legal y respetando los derechos de los ciudadanos. “Para poder hacer cualquier acción que corresponda, debe estar enmarcado dentro del aspecto legal”, señaló. Gaona también se refirió a las dos posiciones que mantienen enfrentados a los ciudadanos: por una parte, quienes reclaman derechos sobre los terrenos y, por otra, los beneficiarios que confiaron en el proyecto habitacional y llevan años esperando su ejecución. De acuerdo con la información que maneja, los predios constan actualmente como propiedad de VIVEM, aunque existen acciones judiciales que cuestionan la compraventa. Por ello, considera necesario que los jueces competentes resuelvan las controversias pendientes. VIVEM debe proteger su patrimonio, señala Yaguana Por su parte, el concejal Yuri Yaguana aseguró que el Cabildo no tuvo conocimiento previo del operativo y consideró que la gerencia de VIVEM debió informar sobre las acciones previstas.
El edil sostuvo que, mientras los terrenos se encuentren bajo titularidad de la empresa municipal, existe la obligación de proteger ese patrimonio y evitar nuevas ocupaciones o construcciones sin las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, también reconoció que la existencia de procesos judiciales limita las actuaciones que puedan ejecutar las partes involucradas. “Mientras haya litigio no se puede actuar de esa manera. Pero tampoco se puede ir a hacer uso de una propiedad de esa manera”, expresó. Yaguana recordó que el proyecto Jardines de Punzara pasó de una propuesta de viviendas a una modalidad de lotes con servicios, modificación aprobada por el Concejo Municipal ante las dificultades que impedían su ejecución. Además, planteó que VIVEM explore alternativas de financiamiento y posibles alianzas estratégicas con empresas constructoras, debido a las limitaciones económicas que enfrenta para desarrollar el proyecto por cuenta propia.
Un conflicto sin solución definitiva
La controversia de Jardines de Punzara se mantiene desde hace varios años y ha atravesado distintas administraciones municipales, sin que hasta el momento se concrete una solución para los sectores involucrados.
Por un lado, los integrantes de la Cooperativa Fundadores de Nambija defienden los derechos que aseguran mantener sobre los terrenos y cuestionan la legalidad de las actuaciones municipales. Por otro, los beneficiarios del proyecto de VIVEM reclaman respuestas después de años de espera e inversiones realizadas con la expectativa de acceder a una solución habitacional.
Mientras tanto, las familias que permanecen en el sector aseguran que continuarán vigilantes y los beneficiarios del proyecto siguen esperando que las autoridades y las instancias judiciales permitan resolver un conflicto que se ha prolongado durante años.
