Concejales cuestionan sanción al Municipio de Loja y exigen investigar responsabilidades por catastro desactualizado
Mientras Quiñónez propone iniciar un proceso de fiscalización, Espinosa duda de que exista voluntad política para corregir las deficiencias
El vicealcalde Pablo Quiñónez y el concejal Jonh Espinosa se pronunciaron frente a la multa de USD 20.051,78 impuesta por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Ambos cuestionaron los incumplimientos en la actualización catastral y plantearon la necesidad de establecer responsabilidades. Mientras Quiñónez propone iniciar un proceso de fiscalización, Espinosa duda de que exista voluntad política para corregir las deficiencias. La sanción impuesta por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) al Municipio de Loja ha generado cuestionamientos entre los integrantes del Concejo Municipal, quienes advierten sobre la falta de actualización del catastro urbano y rural, las posibles consecuencias económicas para el cantón y la necesidad de investigar a los funcionarios responsables de los incumplimientos
El vicealcalde Pablo Quiñónez y el concejal Jonh Espinosa coincidieron en que se trata de un problema que se arrastra desde administraciones anteriores. Sin embargo, también señalaron que corresponde revisar las actuaciones de la actual administración municipal y determinar por qué no se han cumplido las obligaciones establecidas en la normativa nacional. La controversia surgió luego de que la SOT difundiera, el miércoles 7 de octubre, los resultados del procedimiento administrativo sancionador contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Mediante Resolución Nro. SOT-INAR-DIRPI-2026-089, del 22 de septiembre de 2026, el organismo declaró la responsabilidad administrativa de la institución por una infracción grave relacionada con el incumplimiento de su obligación de entregar información actualizada al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado. La evaluación determinó que, de 133 parámetros técnicos examinados, el Municipio no acreditó el cumplimiento de 121, equivalentes al 90,98 %. Como consecuencia, se impuso una multa de 20.051,78 dólares y se dispuso la actualización integral de la información catastral urbana y rural.
Vicealcalde señala incumplimientos de la administración anterior
El vicealcalde Pablo Quiñónez manifestó que, junto con otros concejales, se encuentra revisando la resolución para identificar las causas de los incumplimientos y establecer las posibles responsabilidades administrativas. Recordó que, cuando el Cabildo aprobó la ordenanza del impuesto predial para el bienio 2024-2025, incorporó disposiciones transitorias que establecían plazos para que la administración municipal actualizara los catastros urbano y rural. Según afirmó, estas disposiciones no fueron cumplidas por la administración anterior, lo que, a su criterio, contribuyó a la situación que actualmente enfrenta el Municipio. No obstante, aclaró que la revisión también deberá determinar si existieron omisiones durante la actual administración y, de ser así, solicitar los correctivos y procedimientos sancionadores correspondientes. Quiñónez identificó al Departamento de Avalúos y Catastros como una de las dependencias directamente responsables de estos procesos, aunque explicó que también intervienen otras áreas vinculadas con planificación y ordenamiento territorial. Para el vicealcalde, resulta preocupante que recursos municipales que podrían destinarse a necesidades del cantón deban utilizarse para cubrir una multa derivada de incumplimientos institucionales. En ese sentido, anunció que impulsará un proceso de fiscalización mediante solicitudes oficiales de información. Una vez revisada la documentación, considera que los resultados deben presentarse ante el Concejo Municipal y, de ser necesario, ponerse en conocimiento de los organismos de control.
Espinosa critica falta de voluntad política.
Por su parte, el concejal Jonh Espinosa fue más crítico respecto a la gestión municipal y sostuvo que la falta de actualización del catastro constituye un problema que se ha mantenido durante varios años por la ausencia de decisiones administrativas y políticas. Explicó que, si bien el Municipio aprueba cada dos años ordenanzas relacionadas con el impuesto predial, aquello no significa que exista una actualización técnica de las características y valores de los inmuebles. A su criterio, las distintas administraciones han evitado abordar este asunto debido a las posibles repercusiones políticas que podría ocasionar una revisión de los avalúos y las obligaciones tributarias. El edil cuestionó que, pese a que anteriormente se habrían iniciado proyectos y contratado brigadas para actualizar la información catastral, no se conozcan sus resultados ni su estado actual. También consideró que mantener información desactualizada afecta la capacidad del Municipio para recaudar recursos y distribuir de manera equitativa las inversiones públicas. Espinosa sostuvo que el problema no corresponde únicamente a administraciones pasadas, pues también cuestionó las acciones emprendidas por la actual gestión municipal para atender esta obligación. Asimismo, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el Cabildo adopte decisiones de fondo durante los meses restantes de su periodo, al considerar que tampoco se han logrado acuerdos en otros asuntos relacionados con los servicios públicos.
Cuestionan posible recaudación no percibida de USD 9,8 millones
Otro de los aspectos que motivó las reacciones de los concejales es la estimación económica presentada por la SOT, según la cual el Municipio de Loja estaría dejando de percibir aproximadamente 9,8 millones de dólares anuales por no mantener actualizado su catastro.
El cálculo fue elaborado a partir del Valor Agregado Bruto del cantón, estimado en 1.390,56 millones de dólares, y referencias de estadísticas tributarias de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sobre este punto, el vicealcalde Pablo Quiñónez aclaró que no se trata de una pérdida económica comprobada, sino de una estimación que deberá contrastarse con información real una vez concluida la actualización catastral. Explicó que solamente entonces será posible comparar los valores efectivamente recaudados con aquellos que legalmente debieron percibirse. Por su parte, Jonh Espinosa indicó que el Municipio recaudaría actualmente entre cuatro y cinco millones de dólares anuales por concepto de impuestos prediales urbanos y rurales. Según manifestó, en análisis realizados anteriormente observó que otros municipios de menor tamaño registraban ingresos superiores por este concepto, lo que, a su criterio, demuestra la necesidad de revisar la información catastral de Loja.
Piden que funcionarios expliquen los incumplimientos
Aunque ambos concejales coinciden en la necesidad de determinar responsabilidades, mantienen posiciones distintas sobre las posibilidades de que se adopten medidas. Quiñónez considera que primero debe desarrollarse un proceso formal de fiscalización, solicitar documentación y establecer conclusiones antes de presentar posibles responsabilidades ante el Cabildo. Espinosa, en cambio, plantea que los directores y funcionarios de las dependencias involucradas comparezcan directamente ante el Concejo Municipal para explicar por qué no se cumplieron las obligaciones técnicas. El edil cuestionó que, en anteriores ocasiones, no se haya facilitado la comparecencia de determinados funcionarios ante el organismo legislativo y fiscalizador. También expresó preocupación porque, según señaló, las multas institucionales terminan siendo asumidas con recursos públicos, sin que necesariamente se determinen responsabilidades individuales.
Municipio apela resolución de la SOT
Frente a estos cuestionamientos, el procurador síndico municipal, Daniel Sempértegui, informó que la administración presentó un recurso de apelación contra la resolución de la Superintendencia. Explicó que el procedimiento sancionador comprende obligaciones relacionadas con la implementación y actualización del sistema catastral que debían cumplirse desde años anteriores. Precisó que hasta el 31 de diciembre de 2022 debía implementarse un sistema integral de catastro local y que hasta el 1 de enero de 2025 los municipios tenían que actualizar su información catastral. Según el funcionario, durante los últimos meses el Municipio ha entregado documentación para atender las observaciones, aunque la SOT determinó que persistían incumplimientos técnicos. Sempértegui indicó que la institución identificó posibles falencias en el procedimiento sancionador, por lo que recurrió a la apelación para solicitar su revisión y una eventual nulidad. De no obtener una respuesta favorable, no descartó acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Durante la cobertura también se solicitó una entrevista con la alcaldesa Diana Guayanay, pero no fue posible concretarla debido a que, según se informó, se encontraba fuera de la ciudad. Por ahora, mientras el Municipio busca revertir la sanción por la vía administrativa, los concejales plantean investigar las causas de los incumplimientos y establecer quiénes estuvieron a cargo de los procesos de actualización catastral. La controversia deja pendiente una respuesta sobre las acciones ejecutadas durante los últimos años, los recursos destinados a estos trabajos y las razones por las que el Municipio de Loja no logró acreditar el cumplimiento de la mayor parte de los parámetros técnicos exigidos por la SOT.
