Asamblea sube hasta 35 años la pena por trata y castiga el matrimonio forzoso
La reforma, aprobada por unanimidad con 144 votos, crea el delito de matrimonio forzoso con cárcel de 3 a 5 años y refuerza la protección a las víctimas y la prevención de ofertas engañosas en redes sociales.
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 144 votos, la reforma a la ley contra la trata de personas y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La votación fue el martes 20 de octubre de 2026, en segundo debate.
La reforma crea como delito propio el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada. También ordena al Estado detectar ofertas de trabajo engañosas en entornos digitales, una vía de captación de víctimas, y mantener una línea de denuncia anónima y gratuita.
Penas más altas
La pena máxima por trata llega a 35 años de cárcel. Estas son las escalas que recoge el texto:
- De 19 a 22 años en el tipo básico agravado. - De 22 a 26 años si la víctima pertenece a un grupo de atención prioritaria o existe un vínculo de dependencia. - De 26 a 30 años si se causan daños graves o irreversibles. - De 30 a 35 años si la víctima muere.
Cuando la víctima es una niña, un niño o un adolescente, ya no hará falta probar amenazas, fuerza o engaño para configurar la trata. La reforma también suma la servidumbre de la gleba, que es la explotación de una persona atada a trabajar en tierra ajena, a las modalidades de explotación.
Matrimonio forzoso
El nuevo artículo 163.2 del COIP sanciona con 3 a 5 años de cárcel a quien obligue a otra persona a casarse o a formar una unión de hecho, mediante violencia, amenaza, intimidación, engaño u otra coacción. La misma pena corresponde a quien, con ese fin, la lleve fuera del país, impida su regreso o la retenga en el extranjero. Con circunstancias agravantes, la pena sube a entre 5 y 7 años.
Víctimas y prevención
Las víctimas recibirán atención médica, protección integral y asistencia legal inmediata, sin que dependan de su participación en el proceso penal. Antes de un retorno asistido, deberá hacerse una evaluación de riesgos.
La Fiscalía podrá abrir investigaciones patrimoniales, con base en los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para rastrear, inmovilizar y recuperar los bienes que genere la trata. Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) entrarán al comité interinstitucional que coordina la lucha contra este delito. Deberán incluir acciones contra la trata en su planificación y presupuesto, y reportarlas cada seis meses. El Ministerio de Educación incorporará campañas de prevención en el sistema educativo.
Contexto y siguiente paso
La ley contra la trata rige desde febrero de 2023 y unificó cinco proyectos. La reforma la ajusta a estándares internacionales y a la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Furukawa. La tramitó la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que preside la asambleísta Lucía Jaramillo, de Acción Democrática Nacional (ADN). Votaron a favor ADN, la Revolución Ciudadana, Pachakutik, el Partido Social Cristiano y los independientes.
El texto pasa ahora al presidente de la República, que puede sancionarlo o vetarlo parcialmente. Todavía no hay fecha para su decisión.
